DECLARACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ACERCA DE HECHOS DE VIOLENCIA RACISTA OCURRIDOS EN LA ARAUCANÍA

Ago 4, 2020

Desde hace algunos días, personas mapuche habían hecho ocupación, de manera pacífica, de los recintos de las Municipalidades de Curacautín, Victoria, Ercilla, Collipulli y Traiguén, en protesta por la ausencia de respuesta de las autoridades ante las huelgas de hambre de personas mapuche privadas de libertad, algunas de las cuales empezaron el mes de mayo.

Tras la visita a la zona del nuevo Ministro del Interior, Víctor Pérez, el viernes 31 de julio, la autoridad “instó” a los alcaldes respectivos a asegurar el desalojo de los recintos municipales, y alertó que pediría un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, sobre la situación. Esto lamentablemente fortaleció la expectativa de un desalojo mediante la fuerza pública, en lugar de la búsqueda de soluciones mediante el diálogo.

En Curacautín, un grupo de personas se congregó en el frontis de la Municipalidad, supuestamente con la intención de “apoyar” a Carabineros en el desalojo. Esto generó, en la noche del sábado 1 al domingo 2 de agosto, lo que se puede calificar como una oleada de violencia racista, que se replicó en Victoria, Traiguén, Collipulli y Ercilla, donde vecinos de la zona acudieron a las municipalidades tratando de usar la fuerza para desalojar los edificios respectivos.

A través de las redes sociales, circularon imágenes y videos de grupos de personas intentando golpear o golpeando y causando heridas a personas mapuche, mientras eran llevadas a los carros policiales tras el desalojo y realizando cánticos de connotación racista (“el que no salta es mapuche”); también hubo denuncias de que volcaron y luego quemaron dos camionetas pertenecientes a los mapuche que se encontraban al interior de la Municipalidad de Curacautín. En Victoria, un grupo habría quemado un símbolo mapuche instalado en la plaza. 

En algunos de los videos que han circulado, especialmente en Curacautín, se observa presencia policial; sin embargo, tales actos violentos habrían ocurrido sin que Carabineros dispersara a la multitud y detuviera su actuar, debido al riesgo de que se cometieran actos violentos en contra de las personas mapuche. A esta tolerancia, se suma que dichos actos violentos y de connotación racista, se llevaron a cabo en horario de toque de queda nocturno, decretado como medida de control de la pandemia.

En definitiva, de acuerdo a información oficial del gobierno, hubo 48 personas detenidas, algunas de ellas menores de edad. Quienes eran mayores de edad – 19 en Curacautín y 16 en Victoria – pasaron a control de detención. Todas son personas mapuche que participaban de las tomas, sin que exista información de que haya habido detenidos por los hechos de violencia ocurridos en el exterior de la Municipalidad.

En el caso de Curacautín, el gobierno- a través de la Intendencia Regional- presentó querella por los hechos. En la audiencia, la abogada defensora de las 19 personas detenidas hizo notar que varias de ellas tenían lesiones luego de la detención. Asimismo, hizo notar que muchos de los daños al edificio de la Municipalidad que se intenta imputar a los detenidos, podrían haber sido cometidos por quienes estaban afuera de ésta.

En los casos de Ercilla y Traiguén, se habrían producido incendios en los edificios de ambas municipalidades en el contexto del desalojo, sin que exista claridad aún acerca de su origen. 

Al mediodía del domingo 2 de agosto, el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a los hechos, señalando que “hay que condenar la violencia venga de donde venga”, y anunciando acciones legales. Sin embargo, llama profundamente la atención su omisión a  las connotaciones racistas y estigmatizantes de lo ocurrido.

Amnistía Internacional hace un llamado a:

  • Que el gobierno condene la violencia con connotación racista y los discursos de odio, dejando claro que no es aceptable bajo ninguna circunstancia.
  • Que se asegure la igualdad ante la ley, así como una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos acontecidos y adoptando criterios propios de un debido proceso que deslinde responsabilidades respecto de todas las personas que participaron en hechos de violencia y/o daños, sin distinción alguna y sin que se valide de ninguna forma la «autotutela» como pretexto. La investigación debe ser exhaustiva e imparcial, se debe regir por el principio de objetividad, sin sesgos, de manera de identificar de forma precisa y adecuada a los responsables. Será crucial el rol de la Fiscalìa y de los Tribunales para garantizar justicia en este contexto.
  • Que se investigue de manera exhaustiva cualquier forma de maltrato del que hayan sido víctimas las personas detenidas, en el contexto y durante su detención, y se hagan efectivas las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, ya sea de carabineros o de otras personas presentes en el lugar.
  • Que se investigue igualmente la responsabilidad de Carabineros por posible omisión en su deber de protección. La aquiescencia de las autoridades en delitos cometidos por terceros, supone la responsabilidad del Estado por cuenta de los agentes que lo toleraron. 
  • Que en el contexto de todo lo anterior, se tenga siempre en consideración las obligaciones del Estado de Chile de acuerdo al Convenio Internacional de Derechos del Niño, el cual- por supuesto- rige también respecto de niños, niñas y adolescentes mapuche, quienes constituyen sujetos de especial protección.
  • Que se exija a Carabineros el estricto apego a los estándares de derechos humanos en todas sus intervenciones, sin excepción. Nos preocupa que el actuar de Carabineros esté basado en criterios de discriminación, de tal manera que su acción y su adecuación al estándar internacional dependa de quién esté participando en los hechos y/o qué causa defiende.

Recordamos que el Estado de Chile tiene el deber de proteger a grupos pertenecientes a pueblos indígenas e impedir todo acto de discriminación en contra de ellos. Por dicha razón, urgimos a dar pleno cumplimiento a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y al Convenio 169 de de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente en nuestro país desde el año 2009, el cual exige el respeto de los pueblos indígenas y obliga a los Estados Parte a proteger sus derechos, reconociendo sus culturas, formas de vida, y derechos sobre las tierras y recursos naturales. 

Es imprescindible abordar esto con urgencia de manera que se dé una señal clara de que la autotutela no es admisible en un Estado de Derecho, y que el racismo no tiene cabida en una sociedad respetuosa de los derechos humanos.

Fuente: Amnistía internacional.

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