Decretan prisión preventiva a dos carabineros acusados de tortura en comisaría de Peñalolén post 18-O

Oct 8, 2020

El Decimotercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para dos carabineros imputados por el delito de torturas y arresto domiciliario total para un tercero por apremios ilegítimos, en hechos ocurridos en el marco de las protestas del estallidos social del año pasado.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a los tres uniformados por su presunta responsabilidad en los vejámenes cometidos contra cuatro menores de edad y dos adultos en la 43ª Comisaría de Peñalolén, entre la noche del 20 octubre del 2019 y la madrugada del día siguiente.

En la audiencia el organismo mostró en el tribunal evidencias audiovisuales, cámaras de seguridad del cuartel, en las que se observa a carabineros golpeando con palos a los detenidos, primero en un pasillo, donde las víctimas permanecieron de pie por más de una hora y de frente a una muralla con las manos en alto mientras eran maltratadas.

En esos hechos uno de los menores recibió un golpe en el rostro y quedó sangrando.

En imágenes de otra cámara se ve que al interior de un calabozo de la comisaría un funcionario arroja químicos disuasivos directo a la cara de uno de los adultos arrestados.

“Fueron golpeados y castigados, como determinó el tribunal, por parte de estos funcionarios, con golpes de distinto tipo al interior de los calabozos, y también utilizando elentos químicos, utilizados como disuadivos”, expuso el fiscal Miguel Ángel Orellana.

La Fiscalía Oriente informó tras la audiencia que el Juzgado de Garantía acogió la solicitud de prisión preventiva para dos de los carabineros acusados de torturas, al consideralos un “peligro para la seguridad del Estado”, identificados como Sebastián González y Juan Pablo Leiva.

Así lo determinó la jueza Natacha Ruz en la audiencia, al constatar que “se encontraban al interior de una comisaría” cuando ocurrieron los hechos y “Carabineros, como agente del Estado, tiene que respetar los derechos humanos, por lo tanto, el tribunal coincide que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad del Estado”.

Mientras que el tercero, identificado como Carlos Fuenzalida, imputado por apremios ilegítimos, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

“Lo esencial es que se investigue, y que se haga justicia”, reaccionó Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien apuntó que “es doblemente gravísimo” que entre las personas vejadas haya menores.

“Por otra parte, insisto, hay actos que se reiteran en el tiempo y el espacio; el Instituto ha presentado más de 400 querellas por torturas o apremios ilegítimos, y entonces como Instituto, insisto, estamos completamente consternados“, expuso también.

INTERIOR DESTACA QUE CASO SURGIÓ POR INVESTIGACIÓN INTERNA

El ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que esta causa surgió a raíz de una indagatoria interna de la policía: “El origen del caso es producto de una investigación que Carabineros pone a disposición de la Fiscalía los antecedentes”, dijo.

“Es importante que la propia institución haya realizado una investigación interna y haya hecho la denuncia correspondiente a la Fiscalía”, valoró a su vez la alcaldesa Carolina Leitao.

Precisó que “si bien se descartó la denuncia original sobre que hubiese habido personas ‘crucificadas'”, situación que se acusó durante el estallido social, “es un hecho igualmente grave que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos, que esperamos que de ratificarse, se aplique el máximo rigor de la ley y se persigan las responsabilidades que correspondan”.

Fuente: Radio Cooperativa

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