Human Rights Watch publica informe anual con un apartado sobre la situación de Chile y los derechos humanos

Ene 14, 2021

Esta semana, la organización Human Rights Watch comunicó su informe anual en materia de derechos humanos, incluyendo una sección referida a Chile y la situación respecto a diversos temas y actores sociales.

A continuación el extracto de la declaración referida a nuestro país:

“Abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad

En octubre de 2019, se desataron en todo Chile protestas masivas, en su mayoría pacíficas, por la deficiencia de los servicios públicos y la desigualdad económica. Algunos manifestantes arrojaron piedras y cócteles Molotov contra la policía y quemaron bienes públicos y privados. Algunas personas aprovecharon el caos para realizar saqueos. Agentes de Carabineros respondieron empleando fuerza excesiva contra manifestantes y transeúntes, con independencia de si habían cometido actos de violencia o no. Entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, casi 11.000 personas resultaron heridas, entre ellas, 2.000 policías, y 26 personas murieron. Más de 15.000 fueron detenidas, y en algunos casos recibieron serios maltratos. Varias decenas sufrieron lesiones oculares, en su mayoría al ser alcanzadas por perdigones disparados por carabineros con escopetas antidisturbios.

Las protestas se reiniciaron en Santiago en febrero, luego de que la policía atropellara y matara a un hombre de 37 años tras un partido de fútbol. Ese mismo mes, siete policías fueron desvinculados y a cinco se les dictó prisión preventiva por haber golpeado a un manifestante de 18 años. En octubre, la Fiscalía inició una investigación penal —en curso al momento de la preparación de este informe— y detuvo a un policía acusado de haber empujado desde un puente y provocado lesiones a un manifestante de 16 años mientras los carabineros dispersaban una manifestación.

En junio, la fuerza de Carabineros indicó que habían iniciado 1.228 investigaciones administrativas sobre posibles abusos contra manifestantes. En 173 de ellas se aplicaron medidas disciplinarias, como la expulsión de 14 agentes. En septiembre, la Contraloría formuló cargos en un procedimiento administrativo contra siete generales de Carabineros por no cumplir con los protocolos sobre uso de la fuerza.

La Fiscalía le dijo a Human Rights Watch en octubre que se había imputado a 5.084 personas por delitos vinculados con saqueos, incendios intencionales, desorden público y violencia institucional relacionados con las manifestaciones y los disturbios que comenzaron en octubre de 2019. Se imputó a 75 agentes del Estado, la mayoría de ellos carabineros. Sólo uno de los imputados fue condenado.

En respuesta a los abusos, Chile ha dado pasos preliminares para reformar el cuerpo de Carabineros. Un consejo convocado en diciembre de 2019 por el Ministerio del Interior, y una comisión del Senado, formularon recomendaciones en los primeros meses de 2020 para reformar la institución, entre otras cosas, mejorando la transparencia, la capacitación y la rendición de cuentas. A la fecha de la redacción de este informe, se le había encargado implementar estas recomendaciones a una nueva unidad del Ministerio del Interior para la reforma de la fuerza de Carabineros.

Asimismo, se habían presentado en el Congreso al menos cuatro proyectos de ley de reforma para modernizar las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los proyectos no tienen suficiente alcance como para modificar el sistema disciplinario de los carabineros y garantizar la rendición de cuentas por los abusos que se cometan.

Juicios por abusos del pasado

La justicia chilena sigue juzgando a ex policías y militares responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.

Chile mantiene una orden de secreto de 50 años que impide divulgar los testimonios prestados por víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entre noviembre de 2003 y mayo de 2004. Los testimonios revelaron los sitios de detención y los métodos de tortura. En 2017, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) presentó un proyecto legislativo para levantar el secreto. A la fecha de redacción de este informe, se había exceptuado esta regulación en aproximadamente 15 casos y esto había permitido acceder a archivos con testimonios, fotografías y comunicados de prensa.

El 6 de marzo, un tribunal chileno condenó a 31 exagentes de seguridad por su participación en la desaparición en 1974 de los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Muller Silva durante la Operación Colombo, que llevaron adelante las fuerzas de seguridad y en la que causaron la desaparición forzada de 119 presos políticos. El 9 de septiembre, otro juez chileno dispuso medidas de resarcimiento a favor de una mujer que había sido detenida arbitrariamente y torturada por carabineros en 1984.

Derechos de mujeres y niñas

La prohibición absoluta del aborto en Chile concluyó, luego de 28 años, en 2017, cuando el Tribunal Constitucional ratificó una ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer embarazada está en peligro o si el feto es inviable. En su redacción actual, la ley permite que médicos e instituciones privadas se nieguen a practicar abortos por objeción de conciencia.

Sigue habiendo obstáculos significativos para acceder incluso a los abortos contemplados en la ley. Según organizaciones locales, las medidas para contener la propagación del Covid-19, entre ellas el confinamiento, han operado en desmedro del acceso a la salud sexual y reproductiva integral, incluido el acceso al aborto.

En 2019, Chile tipificó el acoso sexual callejero, que incluye agresiones verbales, tocamientos, acoso y actos indecentes, para los cuales estableció multas o penas de prisión.

Entre enero y junio, las llamadas realizadas al número de emergencia de Carabineros para denunciar violencia de género aumentaron a más del doble, aunque se redujo la cantidad de denuncias formales. También hubo más del doble de llamadas para denunciar violaciones sexuales. Las llamadas para denunciar acoso sexual aumentaron a más del triple. Se presentaron 17.950 denuncias policiales por violación, abuso sexual y otros delitos sexuales, la mayor cifra en una década.

Derechos indígenas

El prolongado enfrentamiento que existe entre el Gobierno y los activistas mapuches por el derecho a la tierra continúa. Los mapuches representan el 87 % de la población indígena del país.

En junio, agresores no identificados dispararon y mataron al líder mapuche Alejandro Treuquil. Según lo manifestado por su familia, el incidente está relacionado con amenazas que Treuquil había recibido de carabineros y de grupos paramilitares.

En agosto, se produjeron choques entre mapuches y grupos que se declararon en contra de la causa indígena. La policía intervino en cinco municipios para desalojar edificios gubernamentales locales que los mapuches habían ocupado con el objetivo de apoyar la huelga de hambre de un líder que había sido encarcelado.

En septiembre, el gobierno de Piñera creó el Comité Wallmapu para analizar el desarrollo territorial, colectivo y social de las comunidades originarias.

Las comunidades indígenas consideran que la revisión de la Constitución, que aún no se ha llevado a cabo, puede ser una oportunidad de reconocimiento, incluso de los reclamos de tierras.

Orientación sexual e identidad de género

En diciembre de 2019 entró en vigor una ley sobre identidad de género, conforme a la cual las personas transgénero mayores de 14 años pueden cambiar su nombre y género en el registro civil sin necesidad de someterse a una cirugía. Sin embargo, las personas casadas deben divorciarse antes de poder ejercer su derecho al reconocimiento legal del género.

En enero, el Senado votó para tratar un proyecto de ley de 2017 que para legalizar el matrimonio entre personas del mismo género y permitir que parejas del mismo sexo adoptaran hijos y pudieran acceder a otras opciones reproductivas. En octubre de 2020, una comisión del Senado aprobó la mayoría de los artículos del proyecto legislativo, que seguía en trámite a la fecha de redacción de este informe.

En junio, el Tribunal Constitucional rechazó un pedido presentado por una pareja de lesbianas que se habían casado en España quienes tenían un hijo y solicitaban que se reconociera en Chile su matrimonio. El tribunal sostuvo que el derecho chileno no discrimina al negar derechos matrimoniales a parejas del mismo sexo.

Derechos de refugiados y migrantes

Las leyes migratorias no se actualizan desde 1975. Desde hace varios años se encuentra paralizado en el Senado un proyecto de ley que establecería períodos de espera prolongados para obtener beneficios sociales, prevé pocas vías para impugnar órdenes de deportación y prohibiría cambiar el estado legal una vez en Chile. En abril, el gobierno anunció que el proyecto, que se hallaba paralizado, era de alta prioridad. A la fecha de redacción de este informe, aún sigue pendiente.

Según los cálculos del gobierno, en marzo vivían en Chile 1,5 millones de extranjeros, más de un tercio de ellos (472.000) provenientes de Venezuela. Públicamente, Chile recibe con beneplácito a los venezolanos, pero las normas para obtener visas incluyen requisitos que hacen que, para muchos, sea difícil conseguir el estatus legal.

Derechos de niños y niñas

El gobierno de Piñera ha adoptado varios pasos para reformar el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que presenta numerosas deficiencias. Sin embargo, sigue habiendo quejas. En agosto, se suspendió a un trabajador de una residencia del SENAME en Valdivia acusado de maltratar a niños y niñas. En septiembre, un juez de Valparaíso dispuso la detención preventiva de un hombre sobre el que pesaban seis cargos de prostitución, acoso sexual y agresiones contra niños y niñas en residencias del SENAME. En noviembre, dos niños resultaron heridos cuando policías dispararon dentro de un centro del SENAME en Talcahuano. A raíz de este hecho, el jefe de Carabineros, Mario Rozas, renunció.

A la fecha de este informe, se habían presentado dos proyectos de ley en la Legislatura para reforzar las garantías de los derechos de niños y niñas. Uno de ellos busca reemplazar al SENAME.

En 2019, se eliminó la prescripción de los delitos sexuales contra menores.

En marzo, se cerraron las escuelas para contener la propagación del Covid-19, lo cual afectó la educación de 3,5 millones de estudiantes. El Ministerio de Educación implementó una plataforma en línea para que los estudiantes pudieran acceder a contenidos educativos. Según el ministerio, el 89 % de los estudiantes de hogares de ingresos altos han tenido acceso a educación en línea, en comparación con sólo el 27 % de los estudiantes de hogares de escasos recursos. A pesar de que se intentó reiniciar las clases en la región metropolitana a principios de octubre, algunas escuelas no recibieron estudiantes y a otras llegaron no más de 11 alumnos.

Derechos de las personas con discapacidad

Chile no ha adoptado un marco legislativo integral armonizado con las normas internacionales de los derechos humanos en materia de derechos de las personas con discapacidad. Su Código Civil sigue utilizando un lenguaje peyorativo para referirse a las personas con discapacidad y aún establece la curaduría y otras formas de privación de la capacidad legal respecto de las personas con discapacidad.

Condiciones en centros de detención

La sobrepoblación y la violencia carcelaria ponen en peligro a una población de detenidos en Chile de cerca de 40.000 personas. Según un informe de 2019 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 19 de las 40 cárceles estatales en Chile presentaban sobrepoblación en 2016 y 2017.

Aún se encuentra pendiente ante el Senado un proyecto de ley presentado por el gobierno en 2018 para conceder el arresto domiciliario a personas condenadas por cualquier delito, incluidas violaciones de derechos humanos, que tengan una enfermedad grave, de por vida o terminal, o que tengan más de 75 años, y que hayan cumplido por lo menos la mitad de su condena.

Chile adoptó medidas para reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar tal propagación del coronavirus. En abril, el Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por el gobierno de Piñera que, a la fecha de la redacción de este informe, permitía que 1.568 de 27.411 personas condenadas cumplieran el resto de su condena bajo el régimen de arresto domiciliario. Además, 1.778 de 14.546 personas en situación de prisión preventiva recibieron arresto domiciliario u otras alternativas a la detención. Esta fue la iniciativa más significativa para reducir la sobrepoblación carcelaria en América Latina en respuesta al Covid-19.

Hasta junio, al menos 493 presos y 631 guardas habían contraído Covid-19, y cuatro personas habían fallecido.

Libertad de expresión

En septiembre, la Cámara de Diputados chilena aprobó un proyecto legislativo que penalizaría con hasta tres años de prisión a quien “justificare”, “aprobare” o “negare” las violaciones de derechos humanos cometidas durante el período de la dictadura, en el caso de que esas expresiones “perturben el orden público” o “impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima” el ejercicio de derechos de terceros. El Senado todavía no había aprobado el proyecto de ley al momento de este informe.

Actores internacionales clave

El mandato de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas venció en diciembre de 2020.

Como miembro de ese órgano, Chile apoyó en 2020 medidas orientadas a que se abordaran violaciones de derechos humanos en Nicaragua, Siria, Myanmar, Bielorrusia, Eritrea, Irán, Burundi, Yemen y los Territorios Palestinos Ocupados.

En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Chile para observar de primera mano la situación de derechos humanos tras las manifestaciones de octubre de 2019 y para evaluar las causas y consecuencias de los disturbios. Entre otras reformas, la CIDH recomendó que Chile adoptara medidas para poner fin al uso excesivo de la fuerza y para garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas cuyos derechos hubieran sido violados.

En septiembre, la CIDH presentó un caso de libertad de expresión del abogado y activista ambiental Carlos Baraona Bray ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.). A Baraona Bray se lo declaró culpable en un juicio penal por injurias iniciado por un funcionario público.

La Corte I.D.H. celebró una audiencia pública en enero con respecto al caso del juez Daniel Urrutia Laubreaux. El juez presentó su caso ante la comisión en 2005 y sostuvo que la Corte Suprema violó su derecho a la libertad de expresión al haberlo sancionado por criticar en un trabajo académico las actuaciones del tribunal durante el régimen militar chileno.

Chile mantuvo una firme postura crítica con respecto a los abusos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Participó en todas las declaraciones del Grupo de Lima y recibió favorablemente el informe que emitió la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela.

Asimismo, respaldó el Llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a la Acción Solidaria para la Mancomunidad en el Acceso a Tecnologías contra el Covid-19, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra el Covid-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”. 

Fuente HRW

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