La cultura en la reflexión constitucional: La demanda para que sea un derecho social

May 3, 2020

Maximiliano Vega y Nicolás Donoso La Tercera

Teatro, música, arte, literatura y cine son solo algunas de las palabras que surgen al pensar en cultura. Durante el coronavirus se ha hecho hincapié en la importancia de la compañía e invitación a la reflexión de las manifestaciones culturales en cuarentena.

Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria añade al debate que la importancia de un derecho a la cultura está ligado a las comunidades. “No es solo un derecho que tenga que ver con la libertad individual, sino que también como las comunidades pueden desarrollar sus identidades culturales, un derecho colectivo”. Agrega: “En una democracia el Estado tiene la obligación de preservar el derecho a la cultura como una expresión de la libertad individual”.

Si no fuera por el coronavirus, el 26 de abril los chilenos habríamos tenido la oportunidad de participar en la votación de apruebo o rechazo a una nueva Constitución. Ese día las redes sociales estuvieron marcadas por ambas opciones: el apruebo y el rechazo. Sin embargo, también hubo uno distinto. Se trataba de #CulturaBienPúblico en el cual parte de los actores de las distintas esferas de la cultura nacional abogaban por una reforma constitucional respecto a la relación de la cultura con la Carta Fundamental.

Propuestas como asegurar como derecho humano básico el acceso a la a cultura, garantizado por el Estado. La Fundación Casa de los Diez afirmó: “La actual Constitución no garantiza el derecho a la cultura, sometiéndola a un estado subsidiario y concursable. En estado de pandemia sobrevivimos gracias a la cultura. ¿pero cómo sobreviven sus trabajadores si Hacienda elimina sus apoyos?”. Matucana 100 señaló: “Sobrevivimos encerrados gracias a la cultura y sus expresiones: libros, música, teatro, películas, danza nos acompañan y dan aliento para seguir. ¡Defendamos a los trabajadores y organizaciones que la sustentan!”.

En la Constitución se lee que “corresponderá al Estado (…) estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”, además de otorgar como objetivos a municipios y gobiernos regionales el desarrollo cultural. El otro punto referido es: “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”.

El origen de una iniciativa

Paulina Roblero es coordinadora general de la Red #CulturaBienPúblico. Explica que la iniciativa del hashtag parte de un grupo de trabajadores de varios ámbitos de la cultura. Cuenta además que el grupo nació “a pocas semanas del estallido social, motivados por crear el primer Cabildo Cultural Ciudadano”. La instancia se hizo en Matucana 100. Asistieron más de dos mil personas.

“De esto surgieron más de seis mil propuestas sobre cuál era el rol de las culturas, las artes y el patrimonio en un nuevo pacto social”. Algunas fueron acceso a la cultura como derecho humano, financiamiento y protección social, nueva Constitución y políticas públicas. Roblero apunta a que uno de los fines es fomentar en el debate nacional “el rol imprescindible de las culturas, las artes y el patrimonio en la vida de las personas”. Y agrega: “El sistema subsidiario al cual el sector se ha visto enfrentado desde hace años evidencia su precarización y profundiza su crisis a partir de octubre de 2019 y se agrava en forma irreversible tras la crisis sanitaria por el Covid-19”.

El 17 de marzo organizaciones gremiales ligadas a la Unión Nacional de Artistas (UNA) exigieron que se entregara apoyo al sector creativo para paliar el impacto económico a raíz de la cancelación de espectáculos y eventos culturales por el coronavirus. Desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio anunciaron facilidades en los fondos y convenios firmados con la subsecretaría, prorrogar convenios, y extensiones seis meses a las rendiciones monetarias, entre otras. Desde UNA lo consideraron insuficiente.

Antes el estallido y el coronavirus ya existían desencuentros. En octubre de 2018, durante el discurso del subsecretario de las Culturas, Juan Carlos Silva, en la ceremonia de inicio de la XVIII Muestra Nacional de Dramaturgia en Matucana 100 se escucharon pifias. “No más recortes. No al apagón cultural”, decía un cartel. El contexto era que días antes se supo que algunas instituciones culturales podrían tener recortes en sus presupuestos.

A mediados de este mes el MOP desestimó la única oferta que había para avanzar en la etapa dos de la ampliación del GAM pues superaba el presupuesto establecido.

Roblero indica que se busca dialogar con el ministerio de Hacienda y el ministerio de la Cultura “para exponer la urgencia de contar con una política de financiamiento en cultura, que otorgue el 1% del presupuesto nacional (cuando se estima que el aporte de la cultural es de un 2% al PIB), que el mecanismo de subsistencia de los trabajadores de las artes y las instituciones vaya más allá de la concursabilidad, se otorguen asignaciones directas para fondos basales y se permita contar con una mesa de trabajo intersectorial de forma permanente”. Para esto es relevante “contar con un estudio que permita realizar un catastro acabado de las organizaciones, gremios, asociaciones, corporaciones, fundaciones y afines en cultura, además de una ficha de protección social de las y los trabajadores en cultura”.

Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria añade al debate que la importancia de un derecho a la cultura está ligado a las comunidades. “No es solo un derecho que tenga que ver con la libertad individual, sino que también como las comunidades pueden desarrollar sus identidades culturales, un derecho colectivo”. Agrega: “En una democracia el Estado tiene la obligación de preservar el derecho a la cultura como una expresión de la libertad individual”.

“Cuando se habla de un bien público se debe entender a la conjunción tanto del derecho a la cultura, que es un derecho abierto, de todos los ciudadanos, con la responsabilidad pública de proteger y crear las condiciones para que ese derecho pueda manifestarse y desarrollarse”, dice Estévez. “Una cultura lleva consigo la memoria y la fuerza del cambio”, reflexiona.

Felipe Mella, director ejecutivo del GAM opina que el plantear a la cultura como un bien público implica reconocer constitucionalmente el derecho a ella. “Garantizar el desarrollo de las distintas expresiones que la constituyen, el reconocimiento de sus cultores como trabajadores, el apoyo para la sostenibilidad de los proyectos culturales y la garantía de acceso a las expresiones artísticas para todos y todas”.

Mella relata que en 2009 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas habló del “derecho de toda persona a participar en la vida cultural”. “Esto dota a los gobiernos y administraciones de indicaciones sobre qué contempla ese derecho y su implementación en la ley internacional”.

Señala que la discusión por una nueva Constitución uno de los temas será el tipo de concepción del Estado. “Lo que se espera es un Estado más proactivo que no aparezca sólo en las crisis o subsidiando sino como un actor con una presencia constante en el desarrollo de sus ciudadanos y ciudadanas; que pueda proteger y fomentar los distintos ámbitos de desarrollo social, siendo uno de ellos la cultura. Y no hay duda que los problemas de presupuestos podrían cambiar con una nueva Constitución y con las leyes, al priorizar desde la carta fundamental y luego a través de reformas tributarias, los derechos básicos y el bien común”.

A fines de marzo, unas 50 agrupaciones relacionadas al teatro y la danza escribieron una carta que afirmaba que “las y los artistas y las y los trabajadores escénicos de Chile no están incluídos en estas medidas (del Gobierno), puesto que más del 80% de ellos trabaja con boleta de honorarios (sin contrato) y otra gran parte lo hace sin boleta (ingreso taquilla, espectáculos callejeros y otros) es decir, no somos calificables ni clasificables en ningún sector beneficiado”.

Gonzalo Mora, magíster en Historia del Arte y doctorando en Teoría Crítica y Sociedad Actual (UNAB), parte del Centro de Estudios Críticos Sociales (CECS), opina que el considerar a la cultura como un bien de primera necesidad “significa concebir que sin ella no podría existir la esfera de las ideas, las representaciones, el lenguaje y las producciones que se desprenden de estas condiciones antropológicas e históricas que portamos”.

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Agrega que “quizá lo más problemático” que existe en la actualidad “es el ámbito de la administración de la cultura por parte del Estado (…), donde el fomento de ciertas prácticas artísticas y culturales serían beneficiadas en detrimento de otras”.

Miradas del Derecho y el Arte

Santiago Schuster, académico de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, experto en derechos de autor, revisó algunas de las consignas del 26 de abril. Concluye que existen “tres posibles enfoques”. “Uno es el de declarar la cultura como un bien de primera necesidad. Es un enfoque desde el punto de vista del ciudadano, del consumidor, al derecho de acceso a participar. Tenemos el ejemplo reciente de Alemania”.

En marzo, la ministra de Cultura alemana, Monika Grütters expresó a raíz del coronavirus: “Reconocemos que la cultura no es un lujo y ahora estamos comprobando cuánto nos hace falta si tenemos que prescindir de ella por un tiempo determinado”. Se interpretó que se consideraba a la cultura como un bien de primera necesidad. Con eso la ministra instaba al gobierno a que cultura fuera incluida dentro del rescate financiero.

El segundo enfoque es del punto de vista del trabajador, quien crea cultura. Y el tercero es que el derecho a la cultura está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, por lo que “lo podemos considerar incorporado a nuestro ordenamiento jurídico”.

“¿Cómo se aterrizar esto a la Carta Fundamental?”, pregunta Schuster, “bueno, puede ser con la incorporación definitiva del derecho a la cultura, y el derecho a los trabajadores de la cultura como un complemento al derecho de la libertad de creación que se encuentra en la Constitución, y también como la declaración de la cultura como un bien de primera necesidad. Me parece mucho más cercano que la cultura como un bien público”, opina.

Gonzalo Díaz, premio nacional de Artes del año 2003, profesor de la Universidad de Chile señala que una “nueva Constitución (…) deberá asegurar la reconstrucción y el fortalecimiento del espacio público del cual será garante el Estado, que permita que surjan con nitidez y se asienten los derechos ciudadanos básicos como la salud, la educación, la vivienda, las pensiones dando protección efectiva a aquellos recursos naturales de uso y beneficio público como el cobre, el litio, el agua de manera que no podrán ser objeto de negocios de particulares con fines de lucro”.

Agrega que “todas las actividades terminales de la sociedad, aquellas a las que aspiramos y por las que trabajamos arduamente –las prácticas artísticas (el canto, la danza, las artes visuales, la música popular y docta las formas de vestir y de comer, la poesía, la antipoesía y el teatro), la investigación científica y tecnológica, los inventores y los ingenieros que modifican el mundo, el pensamiento filosófico y científico– quedará protegido y promovido fuertemente por el Estado pues son, igual que la luz del sol, bienes públicos de primera magnitud, tanto o más importantes que una vigorosa práctica de las actividades económicas. El Estado promoverá que estas últimas sean mayormente productivas –la invención y la industria– que especulativas”.

La abogada Nivia Palma, ministra de Bienes Nacionales durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, reciente nuevo integrante del directorio de TVN, parte del directorio de la fundación Violeta Parra, señala que los fundamentos de la actual Constitución “solo existe el derecho a la libertad para crear y el derecho a la propiedad intelectual, y eso corresponde al siglo XIX, ni siquiera al siglo XX”. Resalta que el proceso constituyente es “una oportunidad”.

“Creo que se abre una gran oportunidad no solo para los artistas, no solo para los creadores (…). Es reconocer algo básico: los seres humanos somos sociales, vivimos en comunidad y en ellas se construyen sentidos de pertenencia, y producen contenido con valor simbólico que expresa una capacidad creativa del ser humano”. Una Constitución así, argumenta, “haría repensar los medios de comunicaciones, el rol de la televisión particularmente, daría una nueva mirada a lo que es el patrimonio cultural”.

Para Emilio Vargas, curador del Museo de La Merced, “el entender a la cultura como un bien de primera necesidad implica asumir el carácter fundamental que ésta tiene dentro del funcionamiento social. Cabe relevar el hecho de que por medio del desarrollo cultural una comunidad alcanza una definición identitaria, en donde se ve reflejada y refuerza su posición con respecto a las relaciones interpersonales. Además, la importancia del desarrollo cultural implica que se constata la diversidad de los elementos que constituyen una sociedad”.

El 23 de marzo el Gobierno anunció una reasignación de unos $15 mil millones para el sector cultura. Aunque se cuestionó cuál sería el detalle de las mismas. El 8 de abril, en una carta a La Tercera, la directora del Teatro Municipal, Carmen Gloria Larenas, opinó que el momento habría una oportunidad para hablar de la cultura y su sobrevivencia. “El gasto en cultura es bajo en términos comparativos. Pero esta brecha numérica esconde un abismo mayor en la valoración que la sociedad en nuestro país hace en su conjunto al aporte creativo cultural al tejido social, la educación y la innovación”.

Definir la cultura

Una tarea difícil es qué se entiende por cultura. Qué la define. Emilio Vargas indica que “la cultura es una noción muy problemática que, a través del tiempo, se ha resistido a una definición unívoca. Sin embargo, creo que hay coordenadas que la enmarcan, como el hecho de asumir que la cultura se desarrolla en contextos particulares dentro de un tiempo y espacio determinado. Es así que entendemos que la cultura, en su relación con la práctica política, debe entenderse como una instancia común que permita el derecho al acceso, desarrollo y recepción de las instancias artísticas/culturales”.

Gonzalo Díaz la define como “un acumulado de escala histórica que demora siglos en tejerse y constituirse y que conforma, como si fuera su propia médula, la identidad nacional. Ese enorme acumulado no puede quedar en las veleidosas manos de los privados pues requiere de tiempos extensos para su florecimiento que solo la parsimonia del Estado puede otorgar y asegurar”.

Para Roblero “es un ecosistema, que está vivo, crece, se diversifica y evoluciona, por eso es fundamental que la ciudadanía pueda tener vínculos permanentes derriban las brechas de acceso que hoy imposibilitan que tantas personas puedan estar en contacto con las diferentes manifestaciones y disciplinas artísticas”.

Para Schuster la cultura es “la expresión vital de lo que los seres humanos han creado y han incorporado en sus vidas personales, no solo como objetos de consumo, sino como valores, vivencias y disfrute”. Mientras que para Palma es “como construimos comunidades, como habitamos un territorio”.

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